Crisis política y de sentido de la universidad pública
En los últimos años, la comunidad universitaria asiste a una profunda crisis que no se reduce a las dificultades para resolver el conflicto planteado en torno a las cuestiones ligadas al presupuesto o el co-gobierno de las universidades. En ella se manifiestan un conjunto de tensiones propias de un modelo de universidad signado por la impronta de las políticas neoliberales de los ‘90, sobre el cual se configura un escenario de disputa entre aquellos que quieren mantener sus posiciones de privilegio, y quienes defendemos el ineludible compromiso de la Universidad con las necesidades de la mayoría.
Crisis política y crisis de sentido entonces, son el resultado de la impronta de las políticas neoliberales y su concepción mercantil de la educación en la universidad y en el sistema universitario. Estas políticas fueron orientadas por organismos internacionales que en estos años impulsaron reformas similares en toda Latinoamérica y cuyas expresiones en nuestro país son bien conocidas: La Ley de Educación Superior menemista, programas de investigación orientados por intereses corporativos, la reducción de las carreras de grado, el arancelamiento de los posgrados, la institución de un régimen de evaluación y acreditación de las carreras en base a criterios impuestos sin una discusión democrática sobre su pertinencia, entre otros. Todos ellos son resultados del avance que lograron las políticas neoliberales a lo largo de los ‘90, sobre la base de una situación de constante extorsión y ahogo presupuestario.
Al interior de la Universidad pública, estos dictados fueron parcialmente aceptados en virtud de una suerte de estrategia de supervivencia de las casas de estudios y sus integrantes, para resistir a la avanzada privatizadora. A su vez, esta lógica fortaleció el poder político de algunos sectores académicos que tomaron a su cargo la implementación y gestión de este programa.
Contexto político nacional y regional
Estos diagnósticos comienzan a ser reconocidos en el debate público universitario como resultado del impulso que algunos sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles, y autoridades universitarias vienen realizando, pero también son reflejo de procesos políticos más amplios que tensionan al sistema universitario, y lo obligan a tomar partido en el debate público nacional. Es que en América Latina y en nuestro país, la crisis internacional del neoliberalismo ha acelerado la polarización entre proyectos económicos, culturales y sociales contrapuestos. La reaparición la memoria, el debate público y la movilización popular, como valores fundamentales de la lucha política, dejan al descubierto los intereses materiales de sujetos económicos y políticos.
Estos intereses tienden hacia la cristalización en dos bloques opuestos: entre aquellos que defienden, un estado subordinado a los factores económicos de poder y al imperio, un modelo productivo fundado en la especulación agrofinanciera, y culturalmente hegemonizado por los oligopolios mediáticos, y otro bloque, donde el gobierno, los trabajadores organizados en los sectores mas dinámicos de ambas centrales sindicales y amplios sectores del campo popular, profundizan la salida al neoliberalismo, sobre la base de tres grandes estrategias: la integración económica y política con los pueblos de Nuestra América, la ciudadanización (extensión del sistema de jubilación, y la AUH) e incorporación política de los trabajadores y el campo popular, y el desendeudamiento y el impulso de la inversión pública para la generación de fuentes de trabajo y riqueza. Cada una de estas estrategias tendientes al fortalecimiento del estado, como instrumento político de la soberanía popular y la construcción de un proyecto nacional, popular y latinoamericano.
Tareas del Movimiento Universitario Nacional, Popular y Latinoamericano
La crisis de sentido de la universidad pública, como decíamos, tiene directa relación con la dificultades para llevar adelante un proyecto nuevo político, es decir, en para definir sobre que intereses actúa, con que sectores sociales se relaciona y que objetivos a corto y largo plazo posee. Estas dificultades devienen de la dificultad para consolidar un espacio político (organizaciones populares, docentes, estudiantes, intelectuales) de mayorías en la universidad pública. Esta fuerza política se debe plantear entonces la necesidad de incidir, atendiendo a las características de cada territorio - es decir, con alianzas particulares a cada territorio – en orientar los recursos pedagógicos, científicos y tecnológicos disponibles y producibles por la universidad pública, que se vincule con los sectores más dinámicos del movimiento obrero organizado, organizaciones sociales y de derechos humanos, y sectores progresistas. Que oriente la producción de conocimiento y ciencia al fortalecimiento y la ampliación efectiva de los derechos para la sociedad y los sectores populares en particular, y que se vuelva motor en la generación de tecnología aplicada para el fortalecimiento de sectores estratégicos de la producción. Finalmente que sus objetivos generales, se guíen por los valores de la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la soberanía popular, la autonomía económica, y la construcción de una patria grande.
En este sentido, creemos que es imprescindible la derogación de la Ley de Educación Superior de 1995, y la sanción de una nueva ley que exprese la voluntad colectiva de recuperar una Universidad dispuesta a participar en la construcción de una nueva sociedad de cara al conjunto de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se han puesto en marcha en Latinoamérica y en nuestro país.
Resulta necesario para saldar la crisis política y de sentido, luchar por:
- La politización de la ciencia: “Debemos recordar que el `apoliticismo´ de la ciencia ha sido férreamente defendido por la Universidad liberal-burguesa en cuyo seno los representantes de la oligarquía se oponen, con los más sutiles argumentos, a la orientación del conocimiento que pueda poner en peligro la base de sustentación de sus posiciones” (UNPBA, 1973c, p.66).
- La participación activa de la universidad en el diseño de estrategias y acciones para la resolución de los problemas nacionales es otro de los aspectos vinculados a la dimensión política de la autonomía.
- La incompatibilidad entre el ejercicio de la docencia universitaria y los cargos en empresas multinacionales, como así también con el ejercicio pasado en organizaciones relacionadas con gobiernos golpistas.
- La eliminación de los exámenes de ingreso, la ampliación de los horarios de cursada y la creación de becas estudiantiles para democratizar la educación superior.
- La incorporación de nuevas propuestas académicas relacionadas con la realidad nacional y el tercer mundo, comunes para todas las carreras.
- La defensa del cogobierno, con la participación de estudiantes, docentes -claustro único- graduados, y no docentes, así como la libertad de cátedra.
- La solidaridad con las luchas de los trabajadores y el campo popular.
Daniel Radduso
Agrupación La Vertiente (UBA)
Movimiento Universitario Evita
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